Inadaptado.

No hace mucho discutía con una compañera sobre la influencia de la fórmula de reparto de escaños en el sistema electoral español: la fórmula D’Hondt. Yo defendía que sus efectos eran marginales, tal y como he venido manteniendo en entradas anteriores, mientras ella la acusaba de ser en buena medida la culpable de la desproporcionalidad del sistema. Lo curioso es que ella aseguraba haber hecho los cálculos. A no ser que los hiciera con el mismo mecanismo con el que algunos calculan manifestantes, creo que está profundamente equivocada.

Pero mi compañera no es la única equivocada. Días después me encontraba con el mismo error en los comentarios de una noticia en Menéame. Y ya antes, en diciembre, el diario Público mostraba un reportaje llamado: “Las verdades y mentiras de la ley electoral”. El texto acertaba prácticamente en todo e incluso llegaba a decir que fuentes de IU aseguraban que “no se trata de un problema de la fórmula D’Hondt”. Pero la autora titulaba una de las imágenes del artículo, en la que se mostraba la diferencia entre el porcentaje de votos y el de escaños de cada partido, con una clara acusación a esta fórmula: “El efecto de la Ley D’Hondt”. Uno no alcanza a comprender porque se decide poner ese título a la imagen en un artículo que parece ir destinado a aclarar dudas en torno al sistema electoral español. Tal acto, en mi humilde opinión, no ayuda más que a aumentar la confusión.

Aprovechando que estoy de examenes y tengo poco tiempo que perder, vamos a ver si realmente la fórmula D’Hondt tiene efectos claros en el sistema. Como últimamente me enrollo demasiado, y eso es algo que siempre he criticado, dejemos que hablen los datos. Se han elegido estas 6 circunscripciones por su posición al ordenarlas en base a la tasa de representación (% escaños/% población) de cada una en 2008:

• Barcelona es la más infrarrepresentada.
• Teruel es la más sobrerrepresentada.
• Valladolid y Cáceres ocupan las posiciones centrales.
• Santa Cruz de Tenerife ocupa la posición central entre Valladolid y Barcelona.
• Almería ocupa la posición central entre Cáceres y Teruel.

Comparemos ahora el reparto de escaños con la fórmula D’Hondt en cada circunscripción, tal y como se hizo en las última elecciones generales de 2004 (columna Escaños); con un reparto directo de escaños según los votos obtenidos en cada provincia (% escaños = % votos) (columna Reparto Prop.). Para esto sólo se tienen en cuenta los partidos que obtienen un 3% de los votos, que es el umbral legal en España.

El resultado es que no cambia nada. Solo hay una variación en Barcelona donde el PSOE pierde un escaño que va a parar a ERC, pero el resto es exactamente el mismo resultado. Cambiar la ley D’Hondt no serviría prácticamente de nada, porque como no me canso de repetir, no es la gran culpable de la despropocionalidad del sistema electoral español.

Retomo el blog actualizando los datos relativos al número de escaños y población de las provincias de acuerdo a las próximas elecciones generales del 9 de marzo. Hay cambios importantes sobre los datos utilizados en mi anterior post, ya que por ejemplo Soria pierde un diputado y ya no es la provincia más infrarrepresentada. Esta vez contamos con los datos que se utilizarán en estas elecciones de 2008:

Representación.

Con el nuevo reparto de escaños, Teruel pasa a ser la provincia más sobrerrepresentada con una tasa de representación de 2,62, aunque con poca diferencia sobre Soria que obtendría un 2,61. Barcelona se mantiene como la más infrarrepresentada con un 0,77. En el gráfico se aprecian algunos de estos cambios:

Datos:
Censo electoral por provincias 2007, Oficina del Censo Electoral/ Cifras de electores - INE
Diputados por provincia 2008, Real Decreto de convocatoria de elecciones.

Repasando últimamente Menéame me he topado con varias noticias sobre el sistema electoral actual y a quién beneficia. En un post anterior ya traté de identificar la principal causa de la desproporcionalidad del sistema, que no es la ley D’Hondt por mucho que algunos se empeñen en repetir, pero no quise entrar a valorar los efectos que produce nuestro sistema electoral. Ahora, tras apreciar la confusión existente sobre el tema, recupero el texto que ya utilice con anterioridad para tratar de ver con datos las ventajas y desventajas que produce el sistema respecto a las distintas formaciones políticas.

Tasa de ventaja.

La discusión sobre quién sale beneficiado y quién perjudicado en el sistema electoral actual tiene, inicialmente, una solución simple. Basta con acudir a los datos de las últimas elecciones y apreciar el diferente coste en votos que tiene cada escaño obtenido. Aunque para conocer realmente quién sale beneficiado y quién perjudicado debemos ir más allá y calcular el número de votos que vale cada escaño por si solo, que en nuestro caso es de 70.463 votos. Para despejar aún más las dudas, se puede obtener la “tasa de ventaja” de cada partido al dividir el porcentaje de escaños por el porcentaje de votos, de forma que un 1 en esta tasa signifique que se han obtenido un número de escaños equivalente al número de votos. La tasa de ventaja es un buen indicador pero debe tenerse en cuenta que, cuándo se trata de partidos pequeños, un sólo escaño más, o uno menos, puede hacer variar considerablemente su valor.

En la tabla podemos ver como IU necesita más de 256 mil votos para obtener cada escaño, mientras, en el otro extremo, al PNV le bastan poco más de 60 mil votos. La diferencia es claramente apreciable al fijarnos en la tasa de ventaja. En los dos primeros partidos, PSOE y PP, la tasa de ventaja es de 1,10 y 1,12 respectivamente, lo que viene a decir que el primero está sobrerrepresentado en un 10% mientras el segundo lo está en un 12%. La situación alarmante es la de IU que obtiene una tasa de ventaja de 0,29, lo que vienen a significar que está infrarrepresentada en un 71%.

Tales números tienen una significación aún mayor si se comparan con un reparto de los escaños en proporción a los votos obtenidos. Así, teniendo en cuenta a los 11 partidos que cuentan con representación en el congreso, tendríamos la siguiente tabla, dónde se reflejan los escaños que corresponderían a cada partido y el número de escaños que pierde actualmente, si es negativo, o que gana, si es positivo.

Queda patente en la tabla que los grandes beneficiados con el actual sistema electoral son los dos principales partidos, PSOE y PP, mientas que quién más paga sus efectos negativamente es IU. El resto de partidos, que no son de nivel estatal, obtienen un número de escaños, en general, equivalente al número de votos, con algunas excepciones que varían en 1 o 2 diputados. Este último dato encaja con la advertencia anterior sobre el valor de la tasa de ventaja para partidos pequeños.

El por qué de todo esto tiene que ver con varios factores, como el tamaño del partido o la concentración del voto, pero principalmente está relacionado con las diferentes circunscripciones existentes y sus efectos sobre la proporcionalidad del sistema. Los números podrán de nuevo ayudarnos a abordar ese tema, pero eso será la escusa para un nuevo post.

Por último, recordar que en estas líneas se habla de ventaja y desventaja respecto a un sistema de reparto de escaños proporcional a los votos obtenidos. Esto no quiere decir que tal sistema sea el ideal, pero si ayuda a entender el por qué un mayor número de votos no supone más escaños y viceversa.

Datos: Ministerio del Interior. Resultados electorales.
Fuente: Penadés, Alberto. “El sistema electoral español (1977-1996)”, Cap. 7 “En torno a la democracia en España”

Con la cercanía de las elecciones creo que la confusión sobre el sistema electoral es importante, por eso escribo estas líneas, para intentar, como siempre, aclarar el tema en mi cabeza. Para ello recurro a los datos del INE sobre población y al reparto de escaños de las últimas elecciones de 2004.

El marco.

La Constitución establece, en su artículo 68, un Congreso compuesto por “un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados”, siendo actualmente 350 los miembros a elegir. Pero además, y en ese mismo artículo, nombra a la provincia como circunscripción electoral y fija para cada una de ellas una representación inicial mínima que vendrá determinada por la ley electoral, siendo el resto de escaños repartidos proporcionalmente a la población y dejando 1 para Ceuta y otro para Melilla. El texto constitucional añade también que ” La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”.

Representación.

La ley electoral ha venido a dividir los escaños de la siguiente manera:

Esta división nos deja con casi un tercio de los diputados repartidos de manera no proporcional provocando la sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas y la infrarrepresentación de las más pobladas. Esto es fácilmente apreciable en la siguiente gráfica, en donde el porcentaje de la población está representada por las columnas y el porcentaje de escaños por la línea roja.

Esta diferente magnitud electoral es la principal responsable de la desproporcionalidad del sistema y no es algo tan sencillo como modificar la ley electoral, pues su base está en el propio texto constitucional. La fórmula D’Hondt tiene diferentes efectos dependiendo de la magnitud de la circunscripción, de tal forma que en las grandes provincias sus efectos son menores que en las pequeñas. El problema es que en estás circunscripciones pequeñas el reparto proporcional de escaños no es fácil, y recordemos que la Constitución exige el uso de ese tipo de fórmulas.

El ideal de “un ciudadano, un voto” se cumpliría al obtener un 1 en la tasa de representacion, como resultado de dividir el porcentaje de escaños por el porcentaje de la población de cada territorio. En el caso español, esta tasa varía desde el 0,77 de Barcelona, infrarrepresentada por tanto, hasta el 3,91 de Soria, alarmantemente sobrerrepresentada. Es interesante ver como sería posible acercar estas tasas a 1 dentro de nuestro marco constitucional.

Solución A: 400 diputados.
Una primera solución pasaría por utilizar el máximo de diputados para el congreso que permite la Constitución: hasta 400. Estos 50 nuevos diputados podrían añadirse a los repartidos proporcionalmente, de tal forma que se mantuviesen los 102 fijos para cada provincia y aumentasen a 298 los distribuidos de acuerdo a la población. Tal cambio mejoraría escasamente la posición de Barcelona hasta un 0,79 y rebajaría la sobrerrepresentación de Soria dejandola en 3,03.

Solución B: 1 escaño por provincia.
Otra solución pasaría por reducir al mínimo, sólo 1 diputado, la representación exigida por el texto constitucional para cada provincia. De tal forma que se redujesen a 52 los escaños repartidos de manera no proporcional a la población y aumentasen a 298 los así distribuidos. Con este cambio los efectos sí son más notorios, y Barcelona, la provincia más afectada por el actual sistema, aumentaría su tasa de representación hasta 0,88 mientras Soria la vería reducida hasta un menos escandaloso 2,16.

Solución AB: 400 diputados y 1 escaño por provincia.
Llegados a este punto el siguiente paso es evidente y sería la combinación de ambas soluciones, dando lugar a un Congreso compuesto por 400 escaños, 52 de los cuales se reparten a razón de 1 por provincia y los 348 restantes de manera proporcional a la población. Esta solución dejaría a Barcelona con un 0,89 en la tasa de representación y a Soria con un 2,01. En una nueva gráfica, donde la línea verde representa el porcentaje de escaños actuales y la roja el nuevo porcentaje obtenido con las soluciones propuestas, se puede apreciar la mejora en la proporcionalidad del sistema.

Datos: INE – Instituto Nacional de Estadística.
Fuente: Penadés, Alberto. “El sistema electoral español (1977-1996)”, Cap. 7 “En torno a la democracia en España”

La aprobación del nuevo plan de estudios promovido por el decanato ha colocado a la facultad en una situación complicada. Mal están las cosas cuándo la sensación es la de una profunda división entre estudiantes y buena parte del profesorado. Creerse vencedores en semejante situación no sólo me parece ridículo, sino de una ceguera preocupante, ya que, tal y como están las cosas, perdemos todos. Puede plantearse el mejor plan de estudios jamás elaborado, que, de aprobarse en una situación como la actual, seguiría dando vergüenza, y más tratándose de una facultad de Ciencias Políticas. Llegados a este punto, las motivaciones carecen ya de importancia y aflora la arrogancia de quién se cree en posesión de la verdad, permitiéndose ser tan irresponsable como para situar a la facultad en una situación de profunda división.

En medio de un enorme alboroto, el plan de estudios ha sido aprobado por la Junta de Facultad. Aunque no me atrevo a dar un resultado de la votación, si parece ser que fue ajustado Al final parece que el resultado fue de 17 votos en contra, 19 a favor y una abstención. Tal resultado ha provocado las iras de numerosos estudiantes convocados en la puerta del decanato que han tratado de evitar la salida de los miembros de la Junta.

Desde el lunes de esta semana la “Plataforma polo non” ha impedido el acceso a la facultad de Ciencias Políticas, con lo que ha sido imposible dar clase, y pretendían mantener esta situación hasta la reunión de la Junta de Facultad en donde se votaría el anteproyecto de plan de estudios. La reunión ha sido convocada para hoy jueves a las 17:00 en el salón de actos de la facultad. En ella se decidirá el futuro del plan y todo apunta a que serán importantes los votos de los sindicatos de estudiantes, divididos entre el sí al plan de Prólogos y el no de los CAF y de la Asamblea de Estudantes de CCPP.

Nota: Incluído en práctica de Política Comparada

Freedom House es una organización sin ánimo de lucro que elabora desde 1972 un informe en el que clasifica a los países según su grado de libertad. La metodología utilizada, las fuentes y resultados están disponibles en su página web y en este post me limito a resumir el funcionamiento de tal informe, cuya última edición es la de 2007. La clasificación se realiza estableciendo dos categorías: derechos políticos y libertades civiles; los cuales se establecen de acuerdo a los “standards” proporcionados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya aplicación es válida, según la organización, en cualquier país o territorio. Esto último puede ser discutible, pero tal discusión se escapa del objetivo de estas líneas.

El informe de 2007 abarca 193 países y 15 territorios cuyos derechos políticos y libertades civiles son valorados entre 1 y 7: 1 indica máxima libertad y 7 mínima. El informe se basa en el análisis y la evaluación de un equipo de expertos y académicos, que preparan la información de los países mediante el uso de numerosas fuentes de información. Las puntuaciones de cada país son propuestas por el responsable del informe correspondiente, y todas son revisadas individualmente y comparadas en un encuentro regional de los 6 que se celebran en las diferentes regiones. Las puntuaciones son comparadas con informes anteriores y de haber cambios se revisan con mayor intensidad. Además la metodología es revisada periódicamente por un comité de politólogos expertos.

Proceso de puntuación.

La categoría de derechos políticos incluye 10 preguntas y la de libertades civiles incluye 15. Estas dos categorías se dividen en 7 subcategorías en las que se agrupan las susodichas preguntas.

Cada pregunta, disponible para su consulta en la página de Freedom House, se responde con una puntuación entre 0 y 4: 0 para el menor grado de libertad y 4 para el mayor. Además de las 10 preguntas mencionadas, la categoría de derechos políticos cuenta con dos preguntas adicionales, puntuadas entre 1 y 4, una de las cuáles puede añadir esos puntos a la categoría y la otra puede restarlos. A la hora de puntuar se establece como referencia las dadas en informes anteriores.

En total, las puntuaciones máximas que se pueden alcanzar son:

Clasificación.

Los puntos obtenidos en cada una de las preguntas se suman para las dos categorías de derechos políticos y libertades civiles. De acuerdo al resultado obtenido y en base a dos tablas se establece una puntuación entre 1, el más libre, y 7, el menos libre, para cada categoría.

Status.

Finalmente, Freedom House determina el status de cada país según este sea libre (Free), parcialmente libre (Partly Free) y no libre (Not Free). Para ello obtiene la media entre las valoraciones de las categorías de derechos políticos y de libertades civiles, y establece el status del país en base a una última tabla.

Vía Freedom House 2007 Country reports – Methodology

Las posturas en contra son varias, desde los que rechazan el Proceso de Bolonia en su totalidad, como es el caso de los sindicatos de estudiantes, hasta los que creen que la elaboración del plan es, a todas luces, irregular. Tal y como están las cosas, las quejas más importantes tienen que ver con el procedimiento seguido para crear el nuevo plan de estudios y, como consecuencia, con el mal resultado derivado de este. Un grupo de profesores ha elaborado un escrito en el que resumen todo aquello que les motiva a posicionarse en contra, por desgracia aún no tengo acceso al texto, así que puede que algunos argumentos queden sin ser nombrados.

Uno de los principales motivos para posicionarse en contra tiene que ver con numerosos defectos de forma, como el hecho de no convocar la Junta de Facultad, que lleva desde mayo sin convocarse cuándo debe reunirse con carácter ordinario al menos una vez cada tres meses, para la designación de una comisión que elabore el plan de estudios. En su lugar, se forma una comisión de manera arbitraria a la que se le encarga la elaboración de un anteproyecto con urgencia.

Este otro motivo de la urgencia, esgrimido para justificar el nuevo plan, no se considera tal, ya que se cuenta con mayor margen de tiempo para la elaboración, sin ser necesaria su implantación el próximo año. Así mismo, se considera que un plan de estudios necesita de un considerable período de reflexión y no de escasas 8 horas. Y, en contra de lo asegurado por el equipo decanal, el cual dice que se viene trabajando desde hace tiempo, se refleja el hecho de que en ninguna de las anteriores reuniones de la Junta de Facultad se había planteado este tema.

En cuanto al anteproyecto presentado, pretenden esquivar la discusión sobre sus contenidos, pues entienden que ya en su elaboración se han vulnerado procedimientos y, por tanto, es inválido desde el principio. Aún así consideran que este ni siquiera está bien hecho, pues se limita a enumerar asignaturas sin detallarse en todos los apartados que exige un plan de estudios. Si consideran que de seguir adelante con el se estará devaluando el status de la Facultad, actualmente reconocido.

Por último se remarca la falta de información durante todo el proceso, que ha ayudado a incrementar la confusión, y el hecho de que se utilice la carrera como laboratorio de experimentos para los nuevos planes adaptados a Europa, con todo lo que conlleva de dificultades posteriores y pérdida de pretigio para el título.

La motivación principal esgrimida para la elaboración con urgencia del nuevo plan de estudios es la necesidad de obtener una posición predominante ante otros competidores que podrían llevarse la carrera. Tal es el caso de Pontevedra, en donde la Universidad de Vigo cuenta con la Diplomatura en Gestión y Administracción Pública, la cual pasaría a ser el mismo Grado que la Licenciatura impartida por la USC en Santiago. La posibilidad de que 2 centros a tan poca distancia impartan el mismo Grado probablemente motivaría la elección de uno de los dos sitios y la eliminación en el otro de esa carrera. Por todo esto, el equipo decanal considera necesario aprovechar la posibilidad que brinda a Ciencias Políticas el documento del CGU de ser de las primeras en adaptarse al EEES, puesto que de no aprovechar tal posibilidad se perdería la oportunidad de partir en una posición preferencial para luchar por la obtención del Grado.

Así mismo y a pesar de la urgencia actual, se asegura que ya desde tiempo atrás se viene trabajando en un nuevo plan adaptado a Europa en base al “Libro Blanco de los Títulos de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y Administración Pública“, del que se dice, deriva totalmente el anteproyecto presentado, y que este mantiene contenidos similares al actual. Además se asegura que se están cumpliendo los procedimientos necesarios siguiendo el calendario establecido por el rectorado.

En cuanto a la posibilidad de hacer o no volcado, es decir, pasar a todos los estudiantes al nuevo plan, se asegura que es mejor opción que mantener a todos aquellos que ya hayan empezado la carrera por el plan anterior. Se promete buscar la opción más beneficiosa para los estudiantes volcados, estudiándose cada caso particular y convalidando los créditos en bloques de manera similar a lo que se hace con los Erasmus. De esta forma los alumnos mantendrían el mismo porcentaje de créditos aprobados que tienen actualmente.